LA JUSTICIA GRATUITA Y LOS GRADUADOS SOCIALES.-

 

La entrada en vigor de la Ley 10/2012 , la llamada Ley Gallardón de Tasas Judiciales, modifica de modo sustancial la condición de “Beneficiario de la Justicia Gratuita” , que tenían de modo automático todo aquel que tuviera la condición de ser trabajador o beneficiario del sistema de la Seguridad Social, al introducirse, como novedad, que estarán exentos del pago de las tasas:

    “Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.”

Por otro lado la nueva Ley de Tasas Judiciales afecta de un modo directo a las actuaciones de los Graduados Sociales ante los órganos de la Jurisdicción laboral, actuaciones  que establece el articulo 545.3 de Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y que regula la nueva Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, que incluye la posibilidad de intervenir en la formalización del recurso de suplicación.

Y tal afectación nace porque se establece en la Ley de Tasa que para la interposición del recurso de suplicación habrá  una tasa de 500 € fijos mas el 0,5 de la cuantía del pleito, que puede ser reducida en el 60 por ciento si el recurrente es un trabajador o beneficiario del sistema del seguridad social.

Por consiguiente de ahora en adelante habrá dos tipos de situaciones cuando los recursos de suplicación sean interpuestos por un trabajador o beneficiario del sistema de la seguridad social, a saber:

  • Trabajador o beneficiario del sistema del seguridad social que tiene reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita, que no paga nada de tasas judiciales
  • Trabajador o beneficiario del sistema de la seguridad social que NO tiene reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita, que paga el 40 por cierto de las tasas.

Como la norma reguladora de la Justicia Gratuita, Ley 1/1996 de 10 de Enero, de asistencia jurídica gratuita, establece que no se reconocerá el derecho a la asistencia jurídica gratuita al actor una vez presentada la demanda, se vera, el profesional Graduado Social que tenga un cliente que sea un  trabajador o beneficiario del sistema del seguridad social en la obligación profesional,  de verificar si su cliente reúne las condiciones para que se le pueda reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita y además deberá de hacer que este solicite este derecho antes o a la par de interponer la correspondiente demanda, y para  el  hipotético caso  de que tenga que recurrir en suplicación, que sea algo que de ocurrir le realizaría el propio  Graduado Social, como autoriza los artículos  194 y 195  de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

Asi las cosas, el Graduado Social debe no solo solicitar el  inicio del pleito, mediante la presentación de la demanda, además debe de formalizar la solicitud de reconocimiento de condición de tener derecho a la Justicia Gratuita, y además en la misma, en la propia solicitud   de  tal reconocimiento, debe de hacer la manifestación expresa de que se renuncia a que se le  designe un abogado gratuito del turno de oficio, como se autoriza el articulo 28 de la  Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, eso si manteniendo los demás derechos que tal condición de beneficiario de la justicia gratuita  le otorgan entre las cuales se encuentran el no pagar tasas judiciales.

Asi pues el profesional Graduado Social deberá de tramitar para su cliente trabajador o beneficiario del sistema de la seguridad social de ahora en adelante el reconocimiento de la condición de beneficiario de la justicia gratuita, pero con la singular situación de que su actuación de tramitador de la dicha solicitud va ha ser supervisada por los servicios de orientación jurídica del Colegio de Abogados del lugar en que se halle el juzgado o tribunal que haya de conocer del proceso principal, por así disponerlo el articulo nueve punto uno del R. D. 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, pues la tramitación direct